Los principales desafíos comienzan con la falta de visibilidad de las API y sus riesgos, e incluyen la necesidad de identificar y abordar vulnerabilidades como las configuraciones erróneas de API, los errores de codificación de las API y la falta de controles de autenticación. También es clave para gestionar una estrategia de seguridad de API: entender y protegerse frente a los métodos de ataque de API en constante evolución, como los que se enumeran en los 10 principales riesgos de las API según OWASP. Estos problemas pueden complicarse por el rápido desarrollo e implementación de nuevas API, que a menudo intercambian datos confidenciales y abren la puerta a costosas filtraciones de API.
La detección de amenazas en tiempo real implica la supervisión continua del tráfico de API en busca de anomalías, manipulación de datos e infracciones de políticas. Cuando se detecta una amenaza, el sistema debe alertar a los equipos de seguridad e, idealmente, bloquear o corregir automáticamente el ataque para evitar la exfiltración de datos y otras actividades maliciosas.
El enfoque "shift left" en las pruebas de seguridad de API implica integrar las pruebas de seguridad en las primeras fases del proceso de desarrollo, en lugar de esperar a que la API esté en producción. Esto es importante porque permite a los equipos identificar y corregir pronto las vulnerabilidades, lo que reduce el riesgo de que se produzcan ataques con éxito y garantiza la seguridad de API desde el principio.
Entre las características clave se incluyen la capacidad de localizar e inventariar API independientemente de su tipo o configuración, detectar API inactivas y heredadas, identificar dominios en la sombra, realizar análisis automáticos en busca de problemas críticos y minimizar el desarrollo personalizado mediante integraciones predefinidas con los principales componentes de la infraestructura.
Los niveles de gravedad personalizables permiten a las organizaciones priorizar los esfuerzos de corrección en función de su tolerancia específica al riesgo, los requisitos normativos y las políticas internas. Esto garantiza que se aborden primero las vulnerabilidades más críticas, lo que ayuda a gestionar los recursos de forma más eficaz y a reducir el riesgo general.
